¡Nunca Más es Nunca Más!
Texto de Pablo Kleiman
Disponer que las FFAA hagan tareas para la seguridad interior es parte del discurso negacionista de este Gobierno
El Presidente Macri acaba de sancionar por decreto modificaciones a la ley de Defensa Nacional. Concretamente, establece que las FFAA podrán realizar tareas de Seguridad Interior.
La situación es de una gravedad extrema. La historia reciente nos muestra que la última vez que las FFAA se encargaron de la seguridad interior, tuvimos un saldo de 30mil desaparecidxs, miles de “muertxs en combate” o en “fugas de prisionerxs”, otrxs tantxs de presxs políticxs y exiliadxs. A ello se suman 500 bebes apropiadxs y millones de pesos en robos a los detenidxs-desaparecidxs y “negociados” en el manejo del Estado.
El actual Gobierno tiene una serie de antecedentes claramente negacionistas de esa realidad. Podemos enumerar sólo desde que asumió la presidencia:
a) Diferentes funcionarios han querido discutir y disminuir la cantidad de desaparecidxs;
b) El otorgamiento de prisiones domiciliarias a los genocidas condenados;
c) El intento de hacer movible el feriado del 24/3;
d) Hablar de reconciliación o revivir la teoría de los dos demonios.
En los considerandos del Decreto mencionado podemos visualizar las mentiras en las que se basa y las intenciones reales de dicha modificación. En efecto, los considerandos afirman:
“Que es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y funcionamiento del Sistema de Defensa en general y, en particular, de las FUERZAS ARMADAS para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de acuerdo con la percepción de amenazas a los intereses de la Nación y sus correspondientes riesgos presentes y futuros”.
“Que la Ley de Defensa Nacional expresa claramente en su artículo 2° que aquella “…es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. Que este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”.
Tenemos motivos para considerar peligroso lo expresado viniendo de un gobierno que “percibe como amenaza a los intereses de la Nación” a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) llamando a la misma como guerrilla peligrosa y separatista financiada y entrenada por comandos iraníes/venezolanos/cubanos, por lo que tendrían su “origen exterior”.
Párrafo aparte merece esta extraña guerrilla de la cual no habíamos oído hablar antes de que desaparezca Santiago Maldonado y de la cual tampoco volvimos a oír de ninguna acción suya luego de su muerte, por lo que cabe concluir que para el Ministerio de Defensa, la guerrilla estaba compuesta solo por Maldonado y quedó desarticulada con el fallecimiento del artesano.
Otro considerando establece
“Que, en consecuencia, se trata de determinar las competencias de cada uno de esos sectores a los efectos de asegurar la protección de la soberanía e independencia de la NACIÓN ARGENTINA, su integridad territorial, sus recursos naturales, su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida, la libertad y los derechos humanos de sus habitantes”.
Es casi imposible creer que este Gobierno quiera defender la “soberanía y la independencia de la Nación”, “su integridad territorial” o su “capacidad de auto determinación” cuando le entrega la conducción política económica del país al FMI, cuando renuncia a la soberanía sobre las Islas Malvinas, cuando el presidente afirma –ante el rey de España- que los independentistas sentían “pena” al realizar la gesta patriótica. Recientemente, y en un hecho más de trascendental gravedad, el Gobierno acaba de autorizar el asentamiento de dos bases militares estadounidense en el extremo sur y norte de nuestro territorio. Dichas bases se asentarán “casualmente” en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico) y en la triple frontera con Brasil y Paraguay donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.
En el mismo sentido nadie puede creer que existe voluntad de proteger los recursos naturales cuando se les regala toda nuestra riqueza natural a compañías multinacionales que a cambio no dejan prácticamente regalías pero si dejan la tierra arrasada y las ciudades con cáncer.
Tampoco creemos que el fin sea la protección de la vida, la libertad y los derechos humanos de sus habitantes cuando el gobierno ha demostrado irrespeto por todo ello. Basta solo con mencionar –a modo de ejemplo– algunas de las muertes y abusos (mediáticamente más renombrados) por parte de las Fuerzas de Seguridad, como son los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y procedimientos con secuestros y abusos en villas y barrios marginales.
Por lo demás, ante cada muerte y/o abuso por parte de las Fuerzas de Seguridad, la versión oficial habla de “enfrentamientos” y la Ministra de Seguridad se encarga de decir que “nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad” o en causas en que la Justicia investiga y procesa oficiales por homicidio (caso Chocobar) afirma “Los jueces que hagan lo que quieran, nosotros vamos a ir en defensa de los policías”.
En esta misma inteligencia también son desestimadas las denuncias efectuadas por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) -organismo dependiente del Ministerio Publico Fiscal encargado de impulsar las acciones penales y de orientar las investigaciones y juzgamiento de los delitos consumados mediante violencia institucional que tienen como víctimas principalmente a personas en estado de vulnerabilidad- bajo el pretexto de que dicho organismo esta cooptado por organizaciones sociales.
Por lo mismo, tampoco podemos esperar que se oigan los reclamos internacionales, ya que también se desacredita a dichos organismos (ONU, CIDH, etc.) con el mismo argumento de ser supuestamente funcional a agrupamientos políticos opositores.
Claramente el discurso y el accionar de este Gobierno no se condicen con lo expresado en los considerandos citados del decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar seguridad interior.
Por todo ello estamos convencidos que más allá de las interpretaciones que puedan tener distintos sectores de la ciudadanía sobre cada hecho que se denuncia, lo cierto y concreto es la doctrina de Seguridad de Cambiemos. Doctrina que se traduce por un lado en dar libertad de acción para actuar por fuera de la ley a las fuerzas represivas y por otro lado desestimar las denuncias que se hagan contra los agentes. Todo ello con el fin de amedrentar a la militancia y a la población, especialmente a lxs jóvenes, escondidos detrás del discurso de su supuesta peligrosidad –cuando las estadísticas delictivas claramente dicen absolutamente lo contrario– y pidiendo a gritos la baja de edad de imputabilidad.
En el actual contexto de recesión económica, el Gobierno sabe que el sistema no cierra sin ajuste y que el ajuste no pasa sin represión. Por ello necesita disciplinar -a los golpes y a los tiros- a las voces y organizaciones disidentes, porque son (somos) las únicas capaces de frustrar sus planes.
Denunciar esta situación es una obligación de todas las organizaciones y de todxs lxs militantes.
Está en riesgo nada más y nada menos que nuestra vida y el avasallamiento aún mayor de nuestra ya imperfecta “democracia”
Por eso decimos y exigimos:
Basta de Muertes
Basta de Represión
Ni un pibx menos
No al regreso de las FFAA a la seguridad interior
Nos declaramos en estado de alerta y movilización
